"El Ejército abrió el Catatumbo a los paras" (tomado de medio burgués semana.com)

En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores atrocidades. Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados.

El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones.

El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles consecuencias.

La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región.

La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza Pública sería un "capítulo doloroso" para el país, y un episodio de mayor calado de lo que ha significado la para-política.

Varios camiones

Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta.

Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en Sardinata, en el desvío hacia Tibú. "Fueron seis camiones 'carevaca' diesel, 12 varillas los que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un 'suiche' (subteniente del Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo cuadrado".

La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se consideran decisivas del ingreso para.

La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y dijo: "Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los camiones, y hubo combates.

La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin mayor justificación, dejó su batallón debilitado.

Dice Llorente en su testimonio: "Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: 'Mi mayor, estamos con ustedes'. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las otras autodefensas harían su incursión a Tibú"

En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía.

Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les dispararon con fusil a la cabeza. "Salía sangre para todos lados", cuenta un testigo. Nueve personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy desde el exilio es otro de los testigos clave.

"Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me dice: 'Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer'. Y le pregunte quiénes eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: 'Sí'. Entonces yo me dije: 'Ya pasó todo'".

La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución.

Mayor dolor

A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la región del Catatumbo. "Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo.

En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: "Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área". Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La Gabarra dice: "La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?".

Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su momento la dejaron las miopes acciones de los violentos.

AUTONOMÍA Y RESISTENCIA

Expresamos nuestros agradecimientos a cada una de las organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de abogados (International Peace Observatory - IPO, José Alvear Restrepo, Luis Carlos Pérez, Movimiento de víctimas de crímenes de estado-MOVICE, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos-CSPP, Red de Hermandad y Solidaridad por Colombia, Corporación para el desarrollo del oriente-COMPROMISO, Coalición de Movimientos y Organizaciones sociales de Colombia-COMOSOC, Agencia de Prensa Rural, Asamblea permanente de la sociedad civil por la paz, Juventud Comunista del Ecuador) por sus oficios de seguimiento a este proceso estudiantil y de garantes con los compañeros estudiantes que realizaron la ocupación pacífica de la Catedral de la Sagrada Familia y del parque Santander.



Reiteramos nuestro fiel compromiso con la Asamblea General Estudiantil, dejando en claro nuestro interés por continuar abriendo canales de comunicación y espacios decisorio con profesores, trabajadores, estudiantes, padres de familia de la Universidad Industrial de Santander y con las distintas organizaciones sociales del país. Hoy vemos que es apremiante una constituyente universitaria, donde las fuerzas vivas del departamento sean las que tracen la reforma al estatuto general de la universidad, a través de mecanismos incluyentes.

Como es bien conocido por cada uno de los estamentos universitarios, la actual situación que vive nuestra Alma Máter es producto de los vacíos y contradicciones que hoy presentan el vigente estatuto de la Universidad.



Y una fiel muestra de ello es que órganos autoritarios de gobierno como el mal llamado “Consejo Académico” se extralimite en sus funciones al pretender cancelar un semestre académico para intentar fortalecer su burlesca institucionalidad, y de esta forma seguir desviando el problema del paramilitarismo en nuestro claustro.

La presencia de la administración de Jaime Alberto Camacho Pico no es prenda de confianza, ni de garantía para emprender la reforma al estatuto general de la UIS, pues su gobierno universitario se ha caracterizado por ser vacilante y represivo a toda solicitud y exigencia por parte de estudiantes y trabajadores.

Invitamos a la Gobernación de Santander, Defensoría del Pueblo, Iglesia Católica, organizaciones defensoras de derechos humanos, a los diferentes colectivos de trabajo del departamento, a estar atentos de la situación en nuestro claustro académico y a continuar ofreciendo sus buenos oficios por la de defensa de la vida y de la autonomía de la universidad.

Responsabilizamos al Gobierno nacional en cabeza de su Ministra de educación, a los Consejos Académico y Superior de la Universidad por lo que pueda acontecer con nuestras vidas y la de nuestras familias, pues son sus decisiones e incendiarias declaraciones las que nos ponen una vez más en un riesgo inminente para la ejecución del plan pistola.





Bucaramanga-COLOMBIA, junio 28 de 2009

Paramilitares apoyaron a la fuerza pública en la operación Orión, dijo 'Don Berna' durante audiencia

El extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo dijo que los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego coordinaron las operaciones militares con hombres del bloque Cacique Nutibara.

Según el ex jefe paramilitar, los entonces comandantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y de la Cuarta Brigada coordinaron la realización de la Operación Orión que sacó reductos guerrilleros de la Comuna 13 en octubre del 2002 con sus hombres.

Este contacto lo habrían hecho a través de un subalternos de 'Don Berna' conocido como el 'Negro' Elkin Loaiza.

Además añadió que hombres del 'Cacique' que conocían el área de la comuna así como a los presuntos subversivos que actuaban allí, iban encapuchados y orientaron a los integrantes de la Fuerza Pública en sus incursiones por las laderas del occidente de Medellín.

Las declaraciones de 'Berna' estuvieron precedidas del anuncio que hizo hace tres semanas el también ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en carta al presidente Álvaro Uribe anunció que las confesiones sobre nexos con oficiales serían un "capítulo más doloroso" que el mismo de la parapolítica.

Montoya, quien durante su permanencia en el Comando del Ejército recibió fuertes cuestionamientos en Estados Unidos (allí hay una partida de cerca de 50 millones de dólares de ayuda a las FF.MM. suspendida por los señalamientos en su contra), había sido mencionado por mandos medios de las autodefensas, pero nunca por un jefe máximo como 'don Berna'.

En este momento, el general está como embajador en la República Dominicana.

En agosto del año pasado, el desmovilizado paramilitar Luis Adrián Palacio Muñoz, alias 'Diomedes', afirmó que el general Montoya, cuando era comandante de la Cuarta Brigada, apoyó a las autodefensas en Antioquia.

En una versión ante Justicia y Paz, alias 'Diomedes', quien hizo parte del Bloque Primero de las Auc, dijo que el general Montoya, en el año 2002, le entregó a los paramilitares una caleta con siete fusiles.

Las armas, agregó el desmovilizado 'para', que las armas, seis AK 47 y un M-16, fueron enviados en una camioneta del Ejército desde Bello hasta la base de las autodefensas, en zona rural de San Roque (Antioquia).

"Quiero decirle al pueblo colombiano que me declaro totalmente inocente. Que tenga la certeza que el general Montoya, comandante del Ejército, jamás cometería semejante falta gravísima y semejante delito", dijo Montoya en ese entonces y pidió que la Fiscalía lo investigara.

Gallego, por su lado, terminó su carrera como Policía en Medellín, en medio de cuestionamientos por mal uso de gastos reservados.

Su nombre y el del general Montoya habían sido señalados por ex Auc en supuestos arreglos para sacar a las milicias de la guerrilla del Oriente de Medellín, la famosa operación Orión que es, hasta hoy, una de las más grandes acciones de la Fuerza Pública en un centro urbano.

Tensión en audiencia

El ex paramilitar Diego Fernando Murillo se negó en el comienzo de la audiencia a ampliar detalles sobre los presuntos vínculos que tuvieron los paramilitares con sectores sociales y empresariales altos del país debido a la falta de garantías de seguridad que, según él, tienen sus familiares en Colombia.

El ex jefe de los bloques 'Cacique Nutibara', 'Héroes de Granada' y 'Héroes de Tolova', comenzó a rendir versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz a las 10:30 a.m., desde su prisión en Nueva York. La audiencia es transmitida al Palacio de Justicia de Medellín, donde la escuchan apenas unas 8 víctimas suyas.

Según él, recientemente fueron asesinados un cuñado y un sobrino suyos, pero no dio sus nombres ni mencionóo los nombres).

Luego de eso, leyó un comunicado en el cual sostiene que su extradicion y la de otros ex jefes paramilitares fue parte de un proceos para que el pais no conociera la verdad sobre la relación que tuvieron las élites sociales y empresariales con las Auc.

"El Gobierno no debe decir verdades a medias ni lanzar cortinas de humo sobre esos vínculos", dijo.

Desmintio además las apreciaciones del Gobierno de que los mandos medios del paramilitarismo haya empezaron a hablar y a contar la verdad después de que que sus comandantes fueron trasladados a Estados Unidos y que estos los estuvieran intimidando.

Así mismo, denunció supuestas trabas en su proceso porque el Fiscal 45 que lleva su caso no recibio visa para Estados Unidos.

Acusado Mancuso

La Fiscalía acusa a esta hora al extraditado jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, de más de 100 hechos delictivos.

Mancuso, quien se encuentra recluido en una cárcel de Washington (E.U.), ha expresado su voluntad de continuar en la jurisdicción de Justicia y Paz.